Las centrales aceptan las disculpas de Mas pero emprenden acciones judiciales contra la medida.Informes internos de la Generalitat reconocen que el uso del pago a cuenta sobrepasa la ley.
Lo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, consideró el jueves como «un error» puede que acabe siendo calificado como un delito. Al menos así es como consideran los sindicatos la retención del 100% del IRPF de la paga extra de los empleados públicos practicada por el Govern el pasado día 21, cuando solo se abonó a los trabajadores parte de la nómina de diciembre.
Los sindicatos aceptaron las disculpas de Mas, pero añadieron que no basta con buenas palabras, exigieron el retorno inmediato de la parte retenida de más del IRPF y anunciaron que mantienen y amplían el frente judicial para intentar depurar responsabilidades civiles, por daños y perjuicios, y penales ante los tribunales de lo que califican de «apropiación indebida» e «incumplimiento flagrante de la ley» por parte de la Generalitat.
- Atenerse a la ley.
Àngel Garcia, responsable del área de enseñanza de CCOO, recalcó ayer que la retención que la Generalitat ha aplicado por rendimientos del trabajo sobre unas retribuciones que todavía no ha hecho efectivas «vulnera la legalidad a la cual la Administración también está sujeta». El artículo 78 del decreto ley que regula el IRPF es muy claro en este punto: «Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes». Según Garcia, si el Govern no rectifica el próximo dia 28, cuándo ha anunciado que pagará el 80% de la paga extra, los sindicatos apuntarán a la vía penal «por un presunto delito de prevaricación» (dictar una orden por parte de un responsable público a sabiendas de que incumple la legalidad).
Además de las quejas sindicales y los recursos para exigir el pago de intereses de demora presentados a título individual por un número indeterminado de funcionarios, los propios servicios internos de la Generalitat han elaborado informes sobre esta cuestión en los que advierten de forma clara que se ha sobrepasado la ley con el uso que se ha hecho con las retenciones de los funcionarios de unos emolumentos no pagados, según ha sabido este diario.
Ante este desbarajuste legal, los mismos servicios internos proponen acelerar el pago de la totalidad de la extra de diciembre. El Govern prevé sufragar un 80% de esta paga el próximo miércoles y aplazar el 20% sine die, hasta el momento en el que «disponga de tesorería, y en todo caso, en el momento de la transferencia de los fondos derivados de la disposición adicional tercera del Estatut». El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, advirtió el jueves en el Parlament de que incluso podría ser que no se pagase durante todo el 2012, aunque intervención recomienda hacer efectivo el pago a mediados de enero para evitar más conflictos legales.
- Medio millón en intereses.
En todo caso, la ofensiva legal de los sindicatos incluye el impulso de demandas individuales para reclamar el pago de intereses de demora. El monto total por la aplicación de un interés del 10% en concepto de penalización puede rondar el medio millón de euros en concepto de sobrecoste durante un periodo de dos meses. «Le hubiera salido más a cuenta al Govern financiarse con una emisión de deuda al 5% en lugar de crear un impuesto sobre los empleados públicos», aseguró Xavier Casas, de UGT.
- Cifras.
230.000 es la cifra de empleados públicos de la Generalitat y de sus empresas y entes públicos a los que se ha aplicado la rebaja del salario de y la retención anticipada del IRPF. A esa cantidad hay que añadir también los trabajadores de la enseñanza concertada.
944 puestos de trabajo fueron amortizados o no cubiertos en los 11 primeros meses de este año en la plantilla directa de la Generalitat, que suma 165.702 empleados.
200 millones es el ahorro temporal máximo que había calculado el Govern con la aplicación del retraso del pago del 20% de la paga de Navidad.
pincha en la imagen para ampliarlaEl porcentaje de la retención a cuenta del IRPF que se aplica en las nóminas se calcula a principio de año pero a menudo debe ser ajustado al final del ejercicio.
Con frecuencia, la retención a cuenta del IRPF que se incluye en las nóminas sufre variaciones en alguno de los últimos meses del año. A principio del ejercicio, la empresa o administración pagadora fija un porcentaje de retención en las nóminas en función de la retribución bruta estimada para el conjunto del año y de las circunstancias personales y familiares de cada trabajador. A final del ejercicio, la empresa ya tiene una idea más exacta sobre la retribución anual y eso puede dar lugar a ajustes en el tipo de retención.
Si, por ejemplo, el trabajador ha realizado más horas extras de las estimadas, ha acumulado algún trienio adicional o ha empezado a percibir nuevos o mayores complementos salariales, aumentará su retribución anual y, por tanto, puede que resulte un mayor porcentaje de retención. También puede suceder lo contrario. A veces el nuevo cálculo es necesario porque, sencillamente, el porcentaje no se estimó de forma correcta a principio de año. A veces el ajuste es necesario si se ha producido algún cambio en las circunstancias familiares, como el nacimiento de un hijo.
En todo caso, como los ajustes se producen a final de año, la corrección se concentra en muy pocos meses y eso hace que el efecto sobre las últimas nóminas sea muy relevante.
- Ejemplo.
Si por ejemplo en noviembre un empresario se da cuenta de que lleva 10 meses aplicando un punto más de retención en las nóminas de un trabajador, deberá corregir ese exceso (10 puntos en total) en solo dos meses. Así, cada una de las pagas de noviembre y diciembre deberá acumular una retención extra de cinco puntos y eso se nota. Para una cantidad bruta de 2.000 euros, por ejemplo, cinco puntos de mayor retención supondría una menor retribución neta de 100 euros en cada uno de los dos últimos meses en comparación con los anteriores.
- El caos de las nóminas crea tensión interna en el Govern.
El caos en la gestión de las retenciones adicionales del IRPF en la nómina de los funcionarios, sin previo aviso, va camino de convertirse en un polvorín interno en el Govern, donde aparecen versiones contradictorias respecto a las eventuales dimisiones que genere este error, asumido sin paliativos por el president Artur Mas y el conseller de Economia Andreu Mas–Colell.
La cuestión de fondo consiste en definir, una vez Mas afirmó que el error no fue de comunicación sino político, donde esta el origen de una metedura de pata que ha provocado bochorno interno en CiU. Los responsables del área de Función Pública, pilotada por la vicepresidenta Joana Ortega, de Unió, señalan a Economia. Y destacadas voces de Unió proclaman: «La política para los políticos», un mensaje en forma de dardo envenenado hacia Mas–Colell. Éste, en cambio, ha guardado un escrupuloso silencio sobre las responsabilidades pese a que el decreto sobre la reducción de la paga extra está firmado por Ortega, quien no ha pedido disculpas públicamente. Economia es responsable de la decisión de retener todo el IRPF, la vicepresidenta lo es de comunicarlo a los funcionarios previamente, cosa que no se hizo.
Ayer fue otro conseller de Unió, Josep Maria Pelegrí, quien abrió la veda a la especulación al afirmar que habrá que analizar lo sucedido y después asumir las responsabilidades «que correspondan». En el seno del Govern se especuló incluso con algún cargo al que cesar, pero otras fuentes de CDC negaban que se esté planteando alguna dimisión.
- Reprobación e informe.
En la oposición, el grupo de ICV–EUiA ya se ha situado en la figura de Mas–Colell y por ello ha presentado en el Parlament una propuesta de reprobación al titular de Economia. Y la líder del PPC, Alicia Sánchez–Camacho, afirmó que las disculpas de Mas son insuficientes y, en declaraciones a Catalunya Ràdio, reclamó medidas para no penalizar a los funcionarios. Al respecto, Mas–Colell sostiene que trabaja al máximo para poder pagar cuanto antes. El caso también será objeto de estudio por parte del Consell de Garanties Estatutàries, que elevará la consulta a Hacienda. Así lo aprobaron todos los grupos del Parlament menos CiU y el PPC.
Salvador Sabrià, Antoni Fuentes, Rosa María Sánchez, Fidel Masreal, El Periódico de Catalunya