Tras pasar por cuatro ministerios en los gobiernos de Aznar, Rajoy le ha encomendado ahora la gestión de las obras públicas, el transporte y la vivienda. En su primera entrevista como titular de Fomento asegura que quiere convertir el ministerio en «punta de lanza» para la recuperación.En su despacho del Paseo de la Castellana, Ana Pastor apila por bloques temáticos, como una minuciosa estudiante, los apuntes de su nueva cartera ministerial. La imponente estantería que se yergue frente a su mesa de trabajo dispone de un compartimento para cada una de las innumerables áreas, que abarcan temas tan dispares como vivienda, transporte aéreo o el magullado sector de la construcción. Ha transcurrido apenas un mes y medio desde su nombramiento, pero ha tenido tiempo suficiente para comprobar que el suyo es un ministerio cimentado sobre el epicentro de la crisis. La repentina quiebra de Spanair, el cese de la privatización de Barajas y El Prat por las turbulencias en los mercados, una herencia no reconocida por la anterior Administración de más de 40.000 millones de euros en deuda y una política errática cuyo legado ha sido un amplio catálogo de infraestructuras fastuosas e inservibles, como los famosos aeropuertos fantasma, han obligado a esta fiel colaboradora de Mariano Rajoy, médica de profesión, a aprender y decidir rápidamente.
— Ha denunciado que la anterior Administración les ha dejado una herencia de más de 40.000 millones en deudas. ¿Se lo había dicho el señor Blanco en el traspaso de poderes?
— Lo primero que hice al incorporarme al ministerio fue un estudio económico-financiero. Y me encontré con que los entes públicos empresariales del grupo Fomento tienen una deuda de más de 40.000 millones, y, además, el ministerio unas obligaciones comprometidas para 2012 de más de 6.000 millones.
— ¿En qué medida estos compromisos le marcarán su gestión? ¿Corren peligro las obras ya comenzadas?
— Lo que quiere decir es que la situación de endeudamiento que ha heredado este ministerio nos ha llevado a que pongamos en marcha un nuevo proyecto, un nuevo plan de infraestructuras. Es el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi), que vamos a presentar en el Consejo de Ministros en julio para poner en marcha los proyectos que necesita este país. Cuando uno tiene la responsabilidad de llevar a cabo las infraestructuras de España no vale con anunciar proyectos: tienes que ejecutarlos y, sobre todo, pagarlos. Mi compromiso es decir la verdad, garantizar que todas aquellas iniciativas que se pongan en marcha contarán con financiación y se pagarán.
— Este plan contará con un presupuesto de más de 220.000 millones hasta 2014, casi un 25% del PIB.
— El Pitvi es un gran proyecto de planificación de nuestras infraestrucutras. Es un proyecto claro, definido, que necesita estabilidad presupuestaria, y la tendrá, y va a establecer con antelación todas las prioridades.
— Sí, pero ¿de dónde va salir ese dinero, en un momento de ajuste presupuestario como el actual?
— De la generación de empleo y riqueza. Las infraestructuras no son un gasto «per se», solo lo son cuando se realizan infraestructuras ineficientes, sin rentabilidad social o económica, infraestructuras faraónicas.
— ¿Corren peligro proyectos en desarrollo como el AVE a Galicia?
— El AVE a Galicia es una prioridad para nuestro Gobierno. Nos hemos encontrado con que faltan por pagar del AVE gallego más de 8.000 millones. Es un proyecto vital, como lo es la «Y» vasca. Nuestro compromiso es que llegue el AVE a Galicia y pagarlo.
— ¿Y cuándo llegará?
— La ministra de Fomento del Gobierno socialista se comprometió con que el AVE llegaría a Galicia en 2012, y a día de hoy estamos en 2012 y quedan 8.000 millones por pagar. Pongo mi compromiso y todo mi trabajo por que llegue lo antes posible.
— Muchas de las autopistas radiales han resultado un fracaso. Algunas sociedades están en riesgo de quiebra. ¿Cómo van a evitarlo?
— Vamos a apostar por apoyarlas, por las cuentas de compensación, por los créditos participativos y por que pueda haber ampliación de estos créditos. Nuestras concesionarias están en muchos lugares del mundo, porque el modelo español está basado en la eficiencia y cuenta con grandes profesionales. No podemos permitir que ni una sola empresa concesionaria caiga. Contarán con el apoyo del Gobierno de España.
— Entonces, ¿qué van a hacer con las infraestructuras que ya no sirven?
— Todas las infraestructuras deben tener una rentabilidad, ya sea social o económica. Hay aeropuertos en nuestras islas que ofrecen un servicio público y, por lo tanto, ese servicio debe ser atendido con los impuestos de todos los ciudadanos. Otro caso es que existan iniciativas en marcha que no tienen viabilidad. No habrá ni un solo euro del Ministerio de Fomento que vaya a parar a infraestructuras que no posean viabilidad y rentabilidad económica o social.
— ¿Qué se va a hacer con los aeropuertos fantasma?
— Estamos trabajando en un nuevo modelo aeroportuario, evaluando la viabilidad de todos y cada uno de los aeropuertos, y queremos ponerlos en valor. Y, en la medida en que podamos, hacerlos operativos.
— Otro compromiso heredado es la deuda de inversiones en Cataluña. ¿De dónde procede esta deuda?
— Esta semana pasada estuve en Cataluña y tuve la oportunidad de ver de cerca cuáles eran algunos de los incumplimientos del anterior Gobierno con Cataluña. Se hicieron unas transferencias de Cercanías a Cataluña, pero hemos de garantizar que esas infraestructuras sean seguras y de calidad. El Gobierno de España está comprometido con Cataluña, con sus infraestructuras, como son las Cercanías o la conexión ferroviaria del puerto de Barcelona. Hay un antes y un después en las relaciones con Cataluña. Esta es una nueva etapa de proyectos compartidos, viables, que cuenten con su apoyo.
— Pero ¿va a mantener el compromiso de Zapatero de destinar a Cataluña un 18% de la inversión estatal?
— En mí no van a encontrar un ministro que vaya a Cataluña y anuncie una inversión de miles de millones y luego no estén en ninguna parte.
— También ha denunciado que se han encontrado expropiaciones sin pagar. ¿Van a asumir esos costes?
— Sí, se deben más de 600 millones por expropiaciones. Nos hemos encontrado con un compromiso de gasto, pero sin presupuesto para hacerle frente.
— Acabamos de asistir al cierre de Spanair ante la suspensión de las subvenciones. ¿Cree que se debe acabar con esta política de subvenciones, pese a que muchas compañías sobreviven gracias a ellas?
— Es un sector liberalizado, que actúa en competencia, y la UE vela por su cumplimiento.
— Y las subvenciones atentan contra la competencia.
— No tengo más que decir.
— ¿Va a hacer algo para que situaciones de incertidumbre para los pasajeros, como la vivida con el cierre de Spanair, no se vuelvan a producir?
— Mantuvimos el jueves una reunión de trabajo con las compañías aéreas y con las asociaciones del sector, en la que les pedí que incorporen a sus empresas a cientos de profesionales que se han quedado sin trabajo por la crisis de Spanair. Desde luego, lo que no se puede volver a producir es un cierre de una compañía de forma unilateral y abrupta y que el ministro de Fomento se entere porque él llama directamente a la compañía. Las aerolíneas tienen una obligación que cumplir frente a los ciudadanos. Hay que respetar los términos del billete, que es un contrato, y los derechos que tienen los ciudadanos conforme al reglamento comunitario. En España vamos a desarrollar ese reglamento para fijar de una manera nítida cuáles son los derechos de los ciudadanos si se produce un suceso como el que hemos vivido estos días.
— Han asegurado que van a articular multas para reducir los retrasos en los aeropuertos españoles.
— Debo ser la ministra de los ciudadanos, de los usuarios. Los españoles no pueden perder el tiempo con esperas que son en muchos casos injustificadas y nadie se hace cargo de ellas. Estamos trabajando en fórmulas para mejorar la puntualidad, empezando por el propio operador aeroportuario. Tenemos que trabajar para que la puntualidad sea la máxima. Ya lo hemos logrado en el AVE.
— En los aeropuertos también se pierde mucho tiempo en los controles de seguridad.
— Es importante que los aeropuertos sean seguros, pero tampoco queremos ocasionar molestias innecesarias a los pasajeros. Cuando muchas personas dicen que algo no funciona, la Administración debe pensar que tienen la razón. Si los ciudadanos dicen que los controles en la entrada de los aeropuertos son insoportables, algo tenemos que hacer.
— Uno de los sectores en los que las huelgas provocan más estragos es el de transportes. ¿Se debe modificar la ley de huelga para garantizar los derechos de los viajeros?
— Tenemos que velar por los derechos de los ciudadanos y respetar la legislación y el ordenamiento jurídico, pero en momentos como los actuales todos debemos arrimar el hombro para salir de la crisis.
— Las agencias de viajes piden la creación de un fondo para indemnizar a los clientes en casos de huelga o suspensión de operaciones. ¿Sería partidaria de esta medida?
— Estamos evaluando cuál es la situación en la que queda un pasajero cuando una compañía cierra de manera abrupta. Hoy sigue habiendo cientos de pasajeros que tras el cierre de Spanair tuvieron que sacar otro billete de otra compañía para viajar, y que aún nadie ha hecho lo que dice el reglamento comunitario, que se les devuelva el dinero o se les dé la opción de otra compañía.
— Han paralizado la privatización de AENA, pero no descartan retomarla cuando el mercado reconozca su valor. ¿Cómo está el proceso?
— Nosotros lo paramos porque entendimos que el todo es mucho más valioso que las partes y porque el momento económico no podía ser peor, y se iban a vender unos activos valiosos que, a nuestro juicio, estaban infravalorados. Estamos trabajando en un nuevo modelo aeroportuario, con el objetivo de que el capital privado entre a formar parte de este gran proyecto español que es AENA.
— ¿La privatización se hará por bloques o en conjunto?
— En eso estamos trabajando.
— La normativa europea obliga a España a aprobar la Euroviñeta esta legislatura. ¿Cuándo prevén hacerlo?
— En este momento el Gobierno es consciente de que el sector del transporte por carretera lo está pasando muy mal. Hay muchos pequeños transportistas que han tenido que cerrar su negocio. La bajada de la actividad económica está lastrando este sector, y además está influyendo la subida del precio del carburante. Por lo tanto, no tenemos prevista su implantación.
— En política de vivienda se les acusa de primar la compra de vivienda frente al alquiler.
— Apostamos por políticas que favorezcan el acceso a la vivienda, haciendo hincapié en el alquiler y en la rehabilitación. Vamos a regular el mercado de alquiler para hacerlo más operativo y flexibilizar la duración de los contratos. Queremos promover la mediación como medida de resolución de conflictos entre las partes, con juicios rápidos, y priorizar los recursos disponibles para financiar el alquiler de vivienda libre y la deducción por alquiler de vivienda.
— ¿Van a mantener la Sociedad Pública de Alquiler (SPA)?
— Entendemos que tiene que extinguirse. Está intermediando en 4.500 viviendas, y cada contrato que hace pierde más dinero.
— En épocas de ajuste, Fomento siempre es el ministerio más penalizado. ¿Lo será también este año?
— Hemos puesto en marcha un plan de austeridad en el Ministerio de Fomento, que ha sido el que más ha reducido su estructura. Ha pasado de tres secretarías de Estado a una, y de cuatro secretarías generales a dos, y con eso hemos ahorrado 1,6 millones. Además, vamos a reestructurar y redimensionar todo el sector público empresarial para hacerlo más operativo. Desde luego, no vamos a tener ningún instrumento que sea un lastre para los ciudadanos, como ha sido la SPA. Fomento quiere ser una punta de lanza para la recuperación económica de nuestro país.
— Ha propuesto a todos los grupos parlamentarios un pacto de Estado para coordinar la política de infraestructuras. ¿Cree que es viable?
— Sí; si hay alguna política que tiene que ser motivo, a mi juicio, de acuerdo, es la de infraestructuras, transportes y vivienda, porque es lo que más vertebra un país.
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