Como la Monalisa, el rictus de su cara es un misterio indescifrable. Lo que hay tras la mujer que ha puesto en jaque al socialismo andaluz, incluidos Griñán y Chaves. Hasta esta semana era la señora de los viernes, día que emitía sus autos mayores. Su fe es el trabajo
El martes llegó temprano a los juzgados, enfundada en un vestido oscuro de lino, suficientemente ligero como para soportar con comodidad la prolongación infinita del verano sevillano. En el cuello, despejado y largo, lucía un collar de piedras de colores. El cabello, suelto.
Ese día volvió a sacar del armario los zapatos de tacón alto y color carne que tanto le gustan. Llamó a un taxi y se dirigió directamente hacia el Prado, donde la esperaban la misma rutina de todos los días, el millar de folios pendientes de leer en el despacho y, justo en la puerta principal del edificio, los fotógrafos de siempre, a quienes probablemente ya debe identificar casi por su nombre. Fiel a su costumbre, evitó saludarlos y dirigirles la palabra. Simplemente los contempló en silencio, como si fueran unos extraños conocidos.
Para comenzar la jornada intentó tomar declaración a un jefe de servicio de la Consejería de Empleo de la Junta, que se negó a testificar. Después, sin mediar palabra, Mercedes Alaya Rodríguez decidió promulgar el auto que ha puesto patas arriba la agenda política nacional y cuyo eco mediático llegó directamente hasta el Congreso de los Diputados. Son apenas 13 folios en los que por primera vez de forma expresa se encarrila el proceso de imputación de los ERE hacia los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía (Chaves y Griñán) y cinco de sus ex consejeros (Viera, Aguayo, Recio, Vallejo y Ávila).
Lo hizo como es habitual en ella, con absoluta normalidad y sin despeinarse. Impertérrita. Con la misma parsimonia con la que todos los días adopta resoluciones que afectan al honor, la Hacienda y la vida de políticos, empresarios, sindicalistas e intermediarios que hasta hace tan sólo unos pocos años eran hombres poderosos y, por lo que se va sabiendo, también millonarios en secreto. Cuatro de ellos están ya entre rejas; otros tienen las cuentas bancarias personales intervenidas, las casas embargadas y son objeto de descrédito general. Su proyección pública, cultivada durante años de ejercicio político y empresarial, se derrumbó el día exacto que esta mujer menuda, de 50 años, rubricó el folio ejecutivo donde siempre aparece la misma coda final, como una salmodia: «Así lo acuerda, manda y firma Doña Mercedes Alaya Rodríguez, Magistrado juez del juzgado de instrucción número seis y su partido».
Alaya es una mujer poderosa. Igual que Susana Díaz, que hace apenas una semana relevó a José Antonio Griñán al frente de la Junta. Pero la carrera profesional de ambas, vinculadas ahora por este escándalo de corrupción, no puede ser más dispar: Díaz ha llegado a la máxima magistratura política de Andalucía por herencia, gracias a que su antecesor decidió dejar el cargo a la carrera al verse cercado por la investigación que dirige Alaya, cuyo acceso a los juzgados se produjo un día de hace ahora 25 años por una vía completamente diferente: los méritos propios.
La juez, cuya carrera como magistrada no es fruto de ningún favor político, cultiva la ambigüedad casi como si se tratase de un ritual religioso. Sabe —y no le falta razón— que mientras más datos íntimos se conozcan sobre su vida, más vulnerable es ante quienes procesa. La experiencia se lo ha demostrado con creces: en 2010, mientras instruía una de las piezas del caso Mercasevilla —el origen de los ERE—, un abogado intentó recusarla, sin éxito, alegando que su marido, Jorge Francisco Castro, auditor, con el que tiene cuatro hijos, analizó para una empresa de consultoría las cuentas del mercado municipal de abastos de Sevilla, epicentro de toda la espiral de fraude que después ha ido saliendo a la luz.
- Silencio cerrado.
Si hasta entonces su vida era un misterio, el círculo de silencio a su alrededor se ha cerrado por completo: «No le gusta que los periodistas pregunten a sus compañeros de trabajo y a los abogados cómo es», explica uno de los letrados que ha estado presente en varios de los interrogatorios, a veces hasta altas horas la madrugada, que se celebran en su juzgado. Alaya es un secreto bien dosificado: los perfiles personales que se han escrito de ella únicamente son aproximativos, incapaces de desentrañar realmente qué ronda por la mente de esta mujer que, con medios más que limitados, pero con una constancia inaudita, ha abierto un frente judicial contra la corrupción en Andalucía.
¿Esconde algo tras esa muecagioconda que asoma en su rostro foto tras foto? Frente a la tesis del PSOE, que trata de desprestigiarla desde que comenzó la instrucción de los ERE, lo que Alaya dirige no es una causa general de índole política. La juez sevillana investiga hechos concretos, se basa en indicios y adopta resoluciones en función de confesiones escritas y pruebas documentales. No deja nada al azar. La desconcertante envergadura de la causa no es fruto de una decisión suya, sino consecuencia del objeto investigado: la corrupción institucional en la Junta de Andalucía durante los últimos 10 años.
Después de más de 33 meses de instrucción, un sumario de miles de folios, cientos de imputados, demasiados acusados pendientes de declarar y un fraude que unos cifran en 136 y otros en 1.000 millones de euros (dependiendo de la fuente se exagera más o menos), su trabajo ha sacado a la luz los usos y costumbres vigentes entre la élite política y parte de la clase empresarial andaluza, ligadas en un maridaje de intereses cuyo objetivo ha sido desviar cantidades ingentes de dinero público a sus bolsillos. Una alianza transversal en la que igual participaban prestigiosos despachos de abogados, llenos de apellidos compuestos, que antiguos sindicalistas convertidos en comisionistas.
Parece lógico que la juez sea reservada. Además de una táctica, también responde a su carácter: hija de una familia oriunda de Écija, criada durante un tiempo en Alcalá de Guadaira, la juez es una rara avis en el panorama social sevillano. No persigue la notoriedad a toda costa ni su carrera, hasta ahora bastante brillante, tiene otros orígenes que no sean la disciplina, la constancia y el esfuerzo. En una sociedad demasiado acostumbrada a moverse gracias a las relaciones personales, donde los negocios se cierran entre clanes familiares y el sentido de la moral es algo difuso, la rígida forma de ser de la juez desentona, lo cual no quiere decir que no sea justamente la procedente.
Los rasgos biográficos disponibles retratan a una persona detallista y meticulosa, con una capacidad de trabajo fuera de lo común: dos años después de licenciarse en Derecho (1986) ya era juez, madre, esposa y una magistrada capaz de procesar a un alcalde (en Fuengirola) por desviar fondos públicos. Estos datos, fragmentarios, dibujan una persona con un hondo sentido del deber, que no busca el aplauso y para la que su trabajo es una obligación, no una condena.
Alaya cree firmemente en la justicia en un entorno social escéptico ante los jueces y habituado a las componendas. Ella es todo lo contrario: sólo cree en el trabajo. Igual que los calvinistas. Cinco días antes de poner en la diana procesal a Chaves y a Griñán había fijado una fianza de cuatro millones de euros para la dueña de una empresa de aceitunas de Dos Hermanas que cobró irregularmente de un ERE hecho en su empresa, que además continuaba dirigiendo gracias a sus contactos políticos y sindicales.
- Delincuentes, no políticos.
Esta semana, pese al revuelo provocado por el auto del martes, ha seguido trabajando con normalidad en el caso Madeja: una investigación sobre la financiación irregular del PSOE de Sevilla. Frente a quienes la acusan de ser parcial, los hechos demuestran que la adscripción política es un factor bastante secundario en sus procedimientos. Un ejemplo: en una de las dos piezas procesales del caso Mercasevilla tomó declaración a los hermanos de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez (PP), que se encuentran imputados en esta causa. Mientras fuentes del PP explicaban que se trataba de una comparecencia de trámite, la juez amplió la acusación inicial contra ellos. Le resulta indiferente si los acusados que pasan por su juzgado son de un signo ideológico u otro. Ella persigue presuntos delincuentes, no políticos.
Si el auto emitido el martes, coincidiendo con la toma de posesión del Gobierno andaluz, es anómalo en algo, se debe exclusivamente al momento en el que se difundió. La metodología de Alaya consiste en instruir varias diligencias en simultáneo y, en aquellos casos en los que lo considera necesario, emitir un auto al término de la semana.
Es la señora de los viernes, día en el que se hacen públicas sus resoluciones. Se trata de una costumbre, más que de una regla exacta. La orden con mayor trascendencia política de la instrucción, sin embargo, decidió promulgarla al mismo tiempo que Díaz presentaba su primer Ejecutivo. ¿Fue algo casual o premeditado? Los socialistas han recibido su resolución como si fuera la declaración de un golpe de Estado. No parece ser el caso.
Los tiempos procesales no siempre casan con los políticos y, siendo llamativa la coincidencia con la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta, al cabo esto resulta absolutamente irrelevante para el fondo del asunto, que consiste en saber si la resolución judicial contra la cúspide del PSOE andaluz tiene suficiente sustento jurídico. Para algunos letrados afines a los socialistas, estamos ante un auto hostil. Para otros es una resolución modélica que se ampara en la doctrina establecida por el Supremo y que sería acorde con la recomendación de la Audiencia Provincial de Sevilla, que insta a comunicar a los afectados por una investigación judicial, incluso si son imputados, que pueden ir voluntariamente a declarar ante un juez de instrucción para no quedar indefensos ante las resoluciones judiciales.
Cualquiera que conozca a Alaya sabe que ha sopesado muy bien lo que ha escrito. Más que nunca. Probablemente el escrito lo dejó esbozado el viernes pasado, decidió dejar pasar el fin de semana y el martes dio la orden de notificarlo. Consciente de su extraordinaria repercusión, y de la posibilidad de que los afectados puedan plantear una recusación motivada, Alaya ha preparado de forma meticulosa los cimientos jurídicos del auto. «No es una juez que tenga miedo al riesgo, pero no es una magistrada temeraria», cuenta un abogado personado en las diligencias. «Si algo se le puede criticar es que funciona de forma apriorística: establece una tesis de partida y busca las pruebas o confesiones que la apoyen de forma dogmática. No se va por las ramas. Y no acepta digresiones tácticas por parte de los imputados. Es educada pero muy seria».
- Sin bromas.
A la magistrada se la juzga por su ropa, por los escasos datos biográficos que han trascendido de su vida íntima y por los autos que sólo leemos los periodistas y los abogados. Poco más se sabe. Pero lo que la hace absolutamente singular, sobre todo en el ámbito social sevillano, es su forma de conducirse. Alaya no ha construido su vida ni adquirió su estatus gracias a los halagos, las relaciones familiares o los habituales rituales de visibilidad social, tan frecuentes en el sur de España, sino gracias a la disciplina, el esfuerzo y cientos de horas de trabajo. Para ella todo esto son sus valores. Por eso no admite bromas ni tiene cintura con determinados imputados que bien pudieran ser calificados de pícaros. En Andalucía, tener este carácter casi nórdico se considera algo peligroso: alguien que no distingue entre los clanes políticos usuales ni responde fielmente a la pauta social mayoritaria puede ser insobornable, imprevisible e incontrolable. Independiente, en realidad.
Al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, la juez le tomó declaración con la leve sonrisa en los labios y cuando terminó de testificar lo envió a prisión. Alaya es como una esfinge: no sabrás nunca si su rostro te sonríe o te ignora. Igual que La Gioconda de Da Vinci, su perfil parece más hermoso cuanto más ambiguo. Un rasgo que identifica a aquellos capaces de dominar sus sentimientos. Algunos lo llaman frialdad, pero en realidad es una cuestión de oficio: la justicia no se sustenta en la empatía, sino en el análisis de los hechos objetivos.
Carlos Mármol, Crónica, El Mundo
