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Santiago Torres: "Jesús Gil, listo como pocos, sabía perfectamente cómo funcionan los partidos"

Fue el juez que encarceló a Jesús Gil por el 'caso camisetas' y recibió amenazas en Marbella, de donde se fue a Madrid. Allí instruyó el complicado 'caso guateque'. Ha dejado la magistratura

— No sé si tiene la sensación de verse hacia atrás como un poco ingenuo, en Marbella, pensando que allí se concentraba la corrupción, para darse cuenta en Madrid de que es una mancha de aceite...

— Con el paso del tiempo, se descubre que Marbella es el jardín de una casa mucho mayor que se llama Madrid. Pero tenía claro que la corrupción no es privativa de ningún lugar, y menos de Marbella. En todas partes cuecen habas.

— Con los años y las noticias sobre los partidos, parece como si Gil se hubiera dado cuenta de cómo funcionaban y se preguntara que por qué no él. Que se instalara por cuenta propia.

— Jesús Gil era una persona lista como pocas. Hablando con él se tenía claro que conocía perfectamente el funcionamiento de los partidos políticos, y de la administración urbanística. Y supo ver el alcance económico de las actividades políticas relacionadas con el urbanismo, que conocía profesional y empresarialmente mejor que muchos políticos. Mejoró sin esfuerzo a los políticos locales que le precedieron.

— Por otra parte, hay veces que ponemos la lupa en los políticos y no parecemos darnos cuenta de la corrupción entre algunos técnicos. Se vio en el caso Guateque, ¿no?

— Bueno, el caso Guateque fue un claro ejemplo de administraciones y rigores jurídicos puestos al servicio del interés de algunos funcionarios, sin que se enteraran los responsables políticos.

— Mucho supuesto control conlleva lentitud y ciertas maneras ilegales de engrasar esa maquinaria...

— Completamente de acuerdo. El exceso de burocracia es incompatible con la actividad económica, y la necesidad de supervivencia de los negocios lleva casi forzosamente a tratar de conseguir resultados por otras vías. Cuando un político se dedica a imponer normas, debería plantearse si esa norma es necesaria o si por el contrario, se puede conseguir lo mismo por modificación de criterios de gestión.

— Ha viajado a La Haya desde hace años, ¿qué percepción hay en Europa del sistema judicial español, de la separación de poderes?

— En primer lugar, choca que sean los jueces españoles los que vayan a hablar de coordinación de investigaciones, porque en la inmensa mayoría de países europeos, las investigaciones las llevan técnicos policiales bajo la dirección de fiscales. En el resto de Europa, los jueces sólo juzgan.

— Se pasó años instruyendo la operación Guateque, ¿por qué ante casos como esos no se libera al juez de otro tipo de trabajos?

— Pues por la propia ineficiencia del sistema. Esa idea supondría que los jueces estarían para investigar y no para sacar papel, que es lo único que les interesa a los que gobiernan el mundo judicial.

— ¿Por qué se habla tan poco de la inseguridad jurídica como uno de los factores que hace que no sea tan atractivo invertir en España?

— Porque sería un problema que tendrían que afrontar los responsables de esa inseguridad, que son nuestros políticos, que también procuran controlar los altavoces de la opinión pública. Pero si se escuchara lo que se dice en círculos de empresarios o inversores...

— ¿Le ha interesado a los políticos confundir responsabilidades políticas y penales?

— A los políticos les interesa no tener responsabilidades penales, y acordarse sólo de las responsabilidades políticas cada cuatro años, y protegidos por listas cerradas en las que no intervienen los electores.

— «El problema es que la Justicia postfranquista quiere ser garantista y las garantías consisten en que el caso Pallerols haya tardado 14 años en juzgarse». Esperanza Aguirre.

— El problema es confundir al pueblo con que las garantías dilatan. Lo que dilata los procesos judiciales es la falta de jueces y la deficiente organización de los medios puestos a su servicio, así como una estructura judicial propia del siglo XIX, que no puede atender a las demandas del siglo XXI, como no pudo atender a las demandas del XX. Y eso no es culpa de las garantías, es culpa de los gestores de la Justicia de España.

— ¿No cree que algunas instrucciones con muchos detenidos en comisaría e incluso cárcel preventiva que luego se quedan en nada hacen que el ciudadano desconfíe todavía más de la justicia? O dicho de otra manera, ¿se ha abusado de detenciones masivas, con cámaras, que dejan a muchos con la pena del telediario? Sé de secretarias de despachos que fueron detenidas en macroperaciones, puestas en libertad sin cargos y luego clientas de psicólogo...

— Esa es otra de las caras de un sistema judicial ineficaz para afrontar la delincuencia organizada, que es la realidad criminológica actual. No se puede responder a operaciones delictivas estructuradas, con coberturas legales y económicas transnacionales, con estructuras permanentes de reintroducción de ganancias en el mercado que aseguren la continuidad del aprovechamiento económico del delito, con un sistema pensado para atender a la delincuencia rural de finales del siglo XIX. Es una Justicia abocada al fracaso permanente, salvo en aquello para lo que está diseñada: el pequeño delincuente individual, el escalón más bajo de la criminalidad. Tenemos una Justicia para casos bagatela, para el «roba gallinas», para las discusiones familiares o de vecinos, no la Justicia que necesita una sociedad globalizada.

— Todo esto deja un sentimiento descorazonador, una justicia colapsada y politizada en la que se mueven a gusto solo los políticos, pese a saber que, en el caso de lo mercantil y del contencioso, pueden estar arruinando negocios. ¿Cómo afronta este panorama desde su nuevo papel de abogado?

— Con mucha ilusión y sabiendo que la sociedad demanda conocimientos especializados en materia de derechos de consumo de servicios financieros –preferentes y subordinados– de temas relacionados con la competencia desleal, con acciones colectivas por perjuicios derivados de contrataciones masivas (cierre del espacio aéreo, pérdida de billetes de transporte). Y demanda abogados independientes que se basen en el Derecho y no en las influencias, que no teman defender a sus clientes frente a poderosas corporaciones.

— Acaba de ser detenido un diputado británico por presuntos abusos sexuales y será juzgado por un tribunal ordinario. ¿A qué obedece tanto aforado aquí?

— Obviamente, al deseo de escoger al juez. Los aforados suelen ser enjuiciados por Tribunales servidos por jueces que deben su designación a criterios discrecionales.

Berta G. de Vega, El Mundo