Javier Guzmán es Director de VSF Justicia Alimentaria Global
Según datos del Ministerio de Agricultura, las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero en la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”.
En el año 2011, se aprobó en nuestro país por presión de una demanda histórica de las organizaciones campesinas, la Ley de Titularidad Compartida. Ley que otorga el derecho a las mujeres a figurar como cotitulares de la explotación agraria, por lo que sus rendimientos económicos, derechos y obligaciones se reparten al 50%. Esta ley fue celebrada como un éxito y un importantísimo paso adelante, más si tenemos en cuenta la situación enorme de desigualdad de la que partimos.
Sin embargo, parece que el tiempo se ha detenido en ese punto. El año 2014, dos años después de la entrada en vigor de la ley, sólo se han dado de alta 52 mujeres en toda España. Un dato escandaloso y vergonzante que nadie parece tomar en serio y del que nadie se responsabiliza. Un dato invisible para el Gobierno y para los medios de comunicación.
Las causas de este fracaso son varias, como por ejemplo que la ley nació con enormes carencias administrativas, así no ha habido desarrollo reglamentario y esto ha impedido temas clave como el reconocimiento, en caso de divorcio o fallecimiento, del trabajo realizado en la explotación. Pero no nos podemos engañar, la razón fundamental es la absoluta desidia y falta de voluntad de la Administración pública. Una desidia que se demuestra en la falta de presupuesto desde su nacimiento, una desidia que no es neutra, pues perpetúa esta situación de desigualdad e invisibilización del trabajo de las mujeres rurales. Una ley que de no ponerse en marcha urgentemente, otorga a la Administración pública una coartada perfecta para el inmovilismo, pues pueden argüir que ellos ya han cumplido, que la ley está hecha y que ahora depende de la voluntad de las mujeres.
Todos sabemos que las políticas de cambio social necesitan un cambio efectivo del marco legal, pero también un conjunto de políticas que aseguren la realización del mismo, si no se trata de pura hipocresía política.
Se trata de una ley que obviamente necesita de un impulso público claro y sostenido en el tiempo para lograr cambios efectivos. Por el contrario, no vemos por ningún lado políticas de acompañamiento y promoción. ¿Dónde hay estrategias de información? ¿Donde están las políticas de incentivos? ¿Dónde un presupuesto con ese objetivo ? ¿Dónde una adaptación al actual contexto de crisis económica que dificulta aún más inscribirse en la Seguridad Social?
¿O se trataba solo de eso? Una ley de compromiso y sin ganas de impulsar verdaderamente. Una ley invisible para mujeres invisibilizadas.
(La Marea)
