Según el juez Velasco, Granados es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado de que existen sospechas de blanqueo de capitales agravado". "A lo largo de su carrera pública" existen indicios de que hubiera beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios como José Luis Huerta en materia de contratación pública y urbanismo tomando parte en "una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio", indica el juez. Además, han sido identificadas diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha que pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios.Operación Púnica
El juez Velasco también envía a la cárcel a su amigo y socio David Marjaliza
El juez Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, supuesto cerebro de la trama desarticulada en la operación Púnica. Le imputa delitos de blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. El magistrado sitúa al exconsejero de Madrid y a David Marjaliza, el supuesto conseguidor de la trama y amigo de juventud de Granados, en el centro de la red de supuestos favores políticos y manejos para adjudicar contratos públicos millonarios a cambio de comisiones.
El magistrado afirma en su resolución que la investigación, iniciada en febrero de 2014, ha confirmado “la existencia de nuevas cuentas en Suiza”. En ellas “constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares”. Y añade: “Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de operativa de blanqueo, en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”.
Sobre Marjaliza, el juez Velasco asegura que “es cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de la organización criminal”, y “el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”. Marjaliza, desde esta red de empresas vinculadas a promociones urbanísticas, contratos públicos y concesiones administrativas, “se aprovechó supuestamente de sus amplias relaciones personales y políticas para lograr adjudicaciones irregulares”. Las influencias eran tanto para sí como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación.
El conseguidor creó un entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad empresarial “tanto la lícita como la delictiva” y “para evitar el control de las autoridades, dificultando que se vincule con las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos.
Marjaliza es el imputado al que se le atribuye un mayor número de delitos: blanqueo, organización criminal, delitos fiscales, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude.
El juez ha dejado en libertad con obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, que filtró a Granados que se había instalado un sistema de vigilancia de vídeo en las inmediaciones de la sede empresarial de David Marjaliza. Este chivatazo “puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma”, asegura el juez Velasco. Rodríguez Talamino, a petición de Granados, “realizó activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación”. Rodríguez Talamino también actuaba a petición de su amigo José Luis Caro Vinagre, guardia civil que fue imputado en 2009 por la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Está imputado por revelación de secretos.
El magistrado Velasco ha dejado en libertad bajo fianza de 6.000 euros a los empresarios de Villalba Manuel Casado y Víctor Manuel Ortega. Ambos forman supuestamente parte de la trama organizada para que los directivos de la empresa de eficiencia energética Cofely abonaran cohechos por un contrato en Villalba valorado en 39,4 millones de euros. Casado reclamó el pago al directivo de esta empresa Pedro García, encarcelado el jueves. La contraprestración por el contrato fue, según el juez, “varios pagos de 70.000 euros” que se efectuaron mediante facturas falsas entre empresas de David Marjaliza y Cofely.
El juez Velasco sitúa a Granados y Marjaliza en la cúspide de la organización delictiva que se dedicaba a cobrar comisiones por contratos públicos en diferentes administraciones locales y regionales. Esta trama, que hizo del delito un “modo de vida”, según el juez logró obtener de manera supuestamente irregular la adjudicación de “numerosos” contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones euros, en su mayoría para la empresa de eficiencia energética Cofely, filial del gigante francés EDF Suez. Marjaliza se ha acogido a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial.
Según el magistrado, los alcaldes imputados “se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo”.
Por otra parte, ocho de los encarcelados el miércoles y el jueves bajo la fórmula de prisión eludible bajo fianza han depositado ya la garantía y saldrán de la cárcel este viernes. Se trata de los tres directivos de Cofely, Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, que han prestado 100.000 euros cada uno. En el grupo del Ayuntamiento de Valdemoro figuran Alfredo Ovejero, jefe de gabinete, que ha puesto 25.000 euros; José Javier Hernández, concejal de Hacienda (60.000 euros) y José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal (100.000 euros). Antonio Serrano (100.000 euros) y Eduardo de la Peña (50.000 euros), supuestos testaferros de Marjaliza también han prestado la fianza.
(Fernando J. Pérez, El País)
