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Marjaliza regularizó en febrero 12 millones de euros

Operación Púnica

El empresario abonó en aquel momento a Hacienda tres millones de euros

No ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional por la 'ilegalidad' de su detención

El empresario David Marjaliza, que a estas horas espera en los calabozos de la Audiencia Nacional el auto de prisión tras acogerse a su derecho a no declarar, regularizó el pasado febrero 12 millones de euros que tenía en cuentas en el extranjero.
Marjaliza abonó en aquel momento a Hacienda tres millones de euros y anunció el pago aplazado del resto del dinero que debe pagar por la regularización fiscal. También puso a disposición de la Agencia Tributaria los datos relativos a sus números de cuentas y balances.

Éste es uno de los argumentos que ha expuesto ante el juez Eloy Velasco el defensor del empresario, José Antonio Choclán, para contrarrestar la imputación de delito fiscal y blanqueo de capitales que pesa sobre su cliente.

La defensa también ha argumentado que sería un agravio comparativo que Marjaliza vaya a prisión por los indicios de cohecho existentes cuando los alcaldes implicados, que serían las autoridades supuestamente sobornadas, han podido eludir la cárcel con la entrega de una fianza.

Pese a todo, el empresario está convencido de que Velasco le enviará a la prisión, tal como ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.

La comparecencia de Marjaliza ante el instructor no duró más de 20 minutos. El empresario se ha acogido a su derecho constitucional a guardar silencio porque "no puede declarar desde una situación de ilegalidad en la detención", explicaron fuentes de la defensa.

Su abogado sostiene que es "manifiestamente ilegal" la situación de detención de su cliente, que fue arrestado a las 9.00 horas del pasado lunes y no ha sido puesto a disposición del juez hasta esta mañana.

Para Choclán, la detención de Marjaliza tuvo, desde su inicio, carácter judicial al producirse en el seno de unas actuaciones judiciales. Pero incluso si hubiera sido una detención policial, el empresario habría tenido que ser puesto a disposición efectiva del juez a las 72 horas, lo que no ocurrió. A su juicio, es contrario al derecho constitucional a la libertad que el juez Velasco acordase el miércoles lo que la defensa califica de "re-detención", lo que burlaría el plazo máximo de 72 horas establecido en la Constitución.

(María Peral, El Mundo)