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El Supremo abre una investigación contra Chaves y Griñán por los ERE

Caso de los ERE de Andalucía

El alto tribunal indagará si cometieron delito al aprobar el fondo de las ayudas a empresas

El Tribunal Supremo investigará la implicación en el fraude de los ERE de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El alto tribunal ha decidido abrir causa contra los exdirigentes de la Junta después de que la Fiscalía le instara la semana pasada a indagar la intervención “directa o indirecta” de Chaves y Griñán en el diseño del fondo de los ERE.

El ministerio público pidió al Supremo que abriera procedimiento para determinar “el real alcance” de la participación de los expresidentes y los exconsejeros socialistas Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera —todos ellos cargos aforados como diputados en el Congreso y el Senado— en el “procedimiento ideado” para otorgar subvenciones sociolaborales por 855 millones durante una década (2000-2010).
El instructor de la causa será Alberto Jorge Barreiro. En su auto, del que ha sido ponente Miguel Colmenero, los jueces del Supremo señalan que en este momento le corresponde exclusivamente a la sala verificar si hay hechos que en una valoración "muy provisional" pudieran ser delictivos y si existen indicios "consistentes o, dicho de otra forma, principios de prueba" de la participación en ellos de las personas aforadas.

Después de que la Sala de Admisión del alto tribunal haya optado por dar vía libre a la investigación, será el instructor el que decida si hay indicios de delito de los aforados y si procede llamarles a declarar. Pero en el auto difundido hoy, los magistrados recalcan que si el instructor encuentra indicios deberá exponerlo a la Sala de lo Penal antes de pedir el Suplicatorio para que comparezcan los aforados "con carácter previo a su inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar". Griñán y Chaves ya han mostrado su intención de comparecer de manera voluntaria antes de que el Supremo les cite formalmente.

El alto tribunal recuerda un auto de octubre de 2013 en el que se fija que "bastará la posibilidad razonable de que los hechos que describe la exposición razonada" hayan ocurrido para que el Supremo proceda a la apertura de investigación que determine si ha habido o no delito. Los magistrados de la Sala de lo Penal consideran que en la exposición razonada remitida al Supremo por la juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, hay indicios de que "en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas socio laborales y ayudas directas a trabajadores se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de 12 años que permitía disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas".

Los jueces consideran que los hechos, tal y como los describe la juez, podrían ser constitutivos de prevaricación y malversación de fondos públicos.El Supremo señala que los indicios contra los cinco aforados a los que va a investigar derivan de "la posición de alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban" y de su intervención "en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder", en referencia al fondo a cargo del cual se daban las subvenciones directas a empresas. Respecto a alguno de los aforados, el Supremo advierte que en los hechos expuestos por Alaya hay indicios de que participó "en la ejecución de actuaciones concretas".

"Resulta pues imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y la participación en los mismos" de Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Moreno, señala el auto. La sala de lo Penal ha asumido el criterio de la Fiscalía, que la semana pasada emitió un informe en el que consideraba que la instrucción judicial debía dividirse ya en tres piezas separadas y que al alto tribunal le corresponde asumir solo la investigación sobre los cinco aforados nacionales. La investigación sobre los aforados autonómicos (los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Antonio Ávila y Francisco Vallejo) se quedará, previsiblemente, en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mientras que Alaya continuará instruyendo la parte relacionada con los 229 intrusos (personas beneficiadas ajenas a las empresas), empresarios y ex altos cargos de la Junta imputados desde 2011.

(Reyes Rincón, El País)