Coordinadora de campañas y de proyectos de Access Info Europe
Una de las preguntas que más plantean los periodistas ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es de qué modo ésta va a cambiar la situación actual. Muchos ven en la entrada en vigor de la ley de transparencia un antídoto mágico contra la corrupción, visión que en cierto modo transmite el gobierno; pero esta visión es errónea. La transparencia es fundamental para prevenir la corrupción pero no es suficiente por sí sola.
Hace dos semanas veíamos en el programa de Salvados cómo Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, apuntaba que la transparencia es esencial para luchar contra la corrupción pero que las leyes muchas veces no son la solución, es una cuestión de ética. En el mismo programa, el presidente del Parlamento de Dinamarca explicaba que España podría llegar a tener un nivel de corrupción tan bajo como su país, pero que este proceso de cambio ha de verse como un largo recorrido en el que hay que trabajar en las actitudes y tradiciones tanto de la población como de los políticos y funcionarios.
En España el problema es que sí necesitamos una ley de transparencia; la transparencia como valor inherente a la democracia no se da en nuestro país y por eso es tan necesaria una norma que la fuerce. Pero la ley solo nos pone en la casilla de salida, no hace crear un sistema de transparencia ni derrota la corrupción.
Especialmente en el caso de la ley de transparencia que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre a nivel estatal ya que, pese a lo que se está queriendo vender, aporta pocas novedades sobre lo que ya tenemos. La organización Access Info Europe la sitúa en el puesto 63 de las 100 leyes de acceso a la información que existen en todo el mundo.
Esta ley reconoce la obligación de las instituciones de publicar proactivamente una serie de informaciones. Sin embargo, la mayoría de estas obligaciones ya existían, por lo que no serán éstas la que aporten un cambio en la forma de hacer política. Otra cuestión es cómo se aplicaban y si habrá una mejora en la manera y los formatos en los que publicarán dicha información; de momento el Gobierno no se ha pronunciado y a un mes de la entrada en vigor no han publicado el reglamento que desarrolla la ley.
En cualquier caso, como apuntaba Marek Tuszynski fundador y director de Tactical Tech – organización dedicada al activismo de datos -, la información realmente sensible no va a ser pública de manera voluntaria y proactiva por parte de las instituciones públicas, habrá que solicitarla.
En muchos países este derecho se ha utilizado para destapar casos de corrupción. Uno de los casos más paradigmáticos se dio en el Reino Unido, donde tras solicitarse los recibos que justificaban las dietas de los Miembros del Parlamento, se destaparon grandes abusos -un diputado llegó a reclamar 2500 euros que gastó en una casa para su pato- que llevaron a más de 80 parlamentarios y lores a devolver dinero y a más de 30 a dimitir de sus cargos o no volver a presentarse a elecciones.
El verdadero problema es que esa es precisamente la debilidad más grande de la ley española, limita el derecho a solicitar información a aquella que esté sujeta a derecho administrativo y siempre que no sea información auxiliar -como informes o comunicaciones internas por ejemplo, conceptos que no tienen una definición jurídica y que pueden convertirse en el cajón de sastre para no publicar información-. Esto quiere decir que quedan directamente excluidas del alcance de esta ley las funciones más relevantes para la toma de decisiones, como son la elaboración de leyes o las reuniones del Consejo de Ministros.
El cambio hacia la cultura de la transparencia podría haberlo liderado, al igual que se hace en otros países, el futuro Consejo de la Transparencia pero el Gobierno ha decidido que este órgano sea un mero recurso administrativo que no podrá invocarse más que en los casos en los que la administración general del estado deniegue información.
A estas alturas la propuesta para avanzar en la cultura de transparencia y frenar de una vez los casos de corrupción pasan por la ciudadanía y su implicación en la implementación de los mecanismos de rendición de cuentas. En Macedonia Ana Petruševa, periodista de BIRN -asociación de periodistas de investigación en los Balcanes-, solicitó información sobre las multas que se ponían en Macedonia al mes durante los últimos seis ciclos electorales.
La conclusión de sus pesquisas fue que los meses de elecciones el Gobierno reducía el número de multas al mínimo, pasando de una media de 6000 hasta las 1000 multas al mes en los meses antes de las elecciones.
Son ejemplos -algunos más complejos que otros- de prácticas cotidianas en nuestras instituciones públicas que alimentan la mala gestión y la corrupción y que solo serán noticia si las forzamos desde la ciudadanía. La ley por sí sola no aportará un cambio ni en la transparencia ni en la lucha contra la corrupción. A partir del 10 de diciembre, podrás realizar tu solicitud de acceso a la información para cambiar la cultura de la transparencia.
(La Marea)
