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Caso Taula. El juez imputa a Alfonso Rus por las contrataciones ficticias en la Diputación de Valencia

El juez encargado del caso Imelsa, Víctor Gómez, ha abierto una pieza separada de la pieza de Imelsa relacionada con las contrataciones ficticias en la Diputación de Valencia. El magistrado imputa al expresidente de la institución, Alfonso Rus, y otras 27 personas, por prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad.

Entre ellas, también se encuentran su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo las contrataciones bajo sospecha. También hay 15 empleados que cobraban sin trabajar y 8 que percibieron indemnizaciones «innecesarias».

Además de los contratos ficticios a 15 de los imputados, en esta nueva pieza separada el Juzgado investiga a otros ocho contratados por Imelsa por las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su vínculo laboral con dicha empresa pública. En este sentido, el magistrado considera que existen sospechas de que pudiera haber existido algún tipo de «“maquinación concertada» entre la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un «innecesario y arbitrario enriquecimiento» a costa del erario público.
El instructor imputa también a José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa. Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.

Ambos tienen la condición de investigados, mientras que las empresas figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.

El magistrado ha decidido también prorrogar el secreto de sumario en la pieza principal hasta el 14 de junio en la que se investigan las adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones a la espera de recibir los informes policiales sobre el análisis de la documentación intervenida por los agentes.

(R. B. Crespo, ABC)