El Palacio de San Telmo de Sevilla, donde cada martes se reúne el Consejo de Gobierno, es el punto de partida hoy de la primera gran manifestación del curso político. Una convocatoria que viene a poner de manifiesto los reiterados recortes en la educación pública andaluza, que afloran con virulencia cada mes de septiembre dejando al descubierto las debilidades de un sistema permanentemente cuestionado. Sin embargo, las protestas no acabarán con la concentración de hoy –convocada por varias plataformas educativas bajo el auspicio de los sindicatos CC OO, Ustea y CGT–. Tendrán continuidad el próximo día 12, justo a las puertas del inicio del curso escolar, anunciadas esta vez por UGT en todas las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación.
Los colectivos convocantes, integrados en su mayoría por docentes interinos, pretenden hacerse oír hoy tras varios años de «ataques» a sus derechos laborales. El último, a juicio de Julio López, portavoz en Cádiz de la Plataforma Andaluza para la Educación Pública (PAEP), es la «nefasta» implantación del francés como segundo idioma, una novedad que la Junta «pretende desarrollar mediante el 2x1». «Los maestros de francés, además, tienen que hacer tutorías, así que la Administración se ahorra en torno a 1.200 docentes que estaban realizando esta labor», sostiene López.
Otro de los caballos de batalla de los sindicatos del ámbito educativo es la bajada de la ratio, puesto que Andalucía «es la comunidad autónoma con el mayor índice de España». De hecho, el decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación establecía una ratio de 25 alumnos por aula «y en la actualidad hay clases en ciudades que llegan a los 30 estudiantes», denuncia López.
La Junta, por su parte, mantiene que la región se encuentra dentro de la media nacional, un argumento que, según el portavoz sindical, sostiene porque «incluye aulas de colegios rurales, con 8 o 9 alumnos por clase». Además, los sindicatos vienen luchando por la cobertura «inmediata» de las sustituciones y vacantes –«no cuando pasen diez días lectivos»–, por la derogación de la orden de los cupos horarios y por la habilitación de más horas de formación para el profesorado bilingüe. En cuanto a las oposiciones que se han venido convocando, López considera que el número de plazas es «manifiestamente insuficiente». «En las de Primaria del año pasado, por ejemplo, había una plaza por cada 120 aspirantes», subraya, al tiempo que critica la implantación de los módulos de 45 minutos, un tiempo «insuficiente para impartir clase entre que los niños entran en el aula y se prepara el material».
Junto a estas carencias, UGT plantea que los docentes de la enseñanza concertada recuperen la paga extraordinaria de 2012, tal y como está ocurriendo con el resto de profesores de la pública. Precisamente, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acordó el pasado 2 de junio abonar el 25 por ciento de dicha paga extra a los funcionarios públicos. El abono de otro 25 por ciento está previsto este mes de septiembre y el 50 por ciento restante se materializaría en febrero de 2017 y 2018. No obstante, los profesores de la concertada quedaron el margen de este acuerdo, por lo que UGT considera que «ya es hora de que recuperen sus derechos, puesto que deben ser tratados igual que el resto de empleados públicos».
(Juan Diego Márquez, La Razón)
