Este mes de diciembre, el PSOE envió dos avisos al Gobierno de Rajoy que sirvieron para comprobar hasta qué punto es débil este Ejecutivo en el Congreso si no lo pacta todo. Y las dos señales estaban relacionadas con una de las reformas que fueron bandera del PP en los años anteriores: la del mercado laboral. El Grupo Socialista presentó sendas iniciativas dirigidas a derogar esa reforma, y las dos lograron un apoyo mayoritario. Esa es la realidad actual en el Parlamento, y el Gobierno ha tomado buena nota. Su intención es hacer de la necesidad virtud, y ofrecer un acuerdo al PSOE y a otros partidos para actualizar la reforma laboral y adaptarla al momento que vive España, diferente al de 2012, cuando se aprobó esa ley.
El 13 de diciembre llegó el primer aviso en el Pleno del Congreso, al aprobarse una Proposición No de Ley que pedía la derogación de la reforma, sin ambigüedades. La iniciativa, de orientación política pero sin efectos reales, tuvo el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, ERC y PNV, y la abstención de Ciudadanos y de la antigua Convergencia (que en 2012 respaldó la reforma del Gobierno del PP). Una semana después, el PSOE dio otro paso hacia la derogación, al impulsar una Proposición de Ley para cambiar un aspecto concreto de la reforma, relativo a los trabajadores subcontratados. Su intención es derogar la ley por partes, y esta era la primera. La mayoría dio luz verde a la tramitación de esta medida.
- Conflicto ante el TC.
El Gobierno ha tratado de frenar la derogación mediante un veto a esta Proposición de Ley, pero la Mesa lo rechazó y tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que dirima el conflicto. Mientras tanto, en La Moncloa se preparan para «reconvertir» la tramitación de la derogación por partes que pretende el PSOE en un acuerdo global para «actualizar y mejorar» la reforma laboral de 2012.
Fuentes de La Moncloa confirmaron a ABC que el Gobierno «quiere aprovechar esa tramitación y el debate en el Parlamento para introducir la parte relativa a la reforma laboral que está incluida en el acuerdo con Ciudadanos». Ese sería «el punto de partida» para buscar un gran pacto nacional con el PSOE y con todos los partidos que quisieran negociar.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, confirmó ayer, en declaraciones a RNE, que «dentro de la tramitación» parlamentaria de la iniciativa del PSOE, su partido tratará de llegar a un acuerdo. Los populares parten de la idea de que la derogación en bruto es inviable, pues supondría volver a la reforma anterior, que elevó el desempleo hasta datos nunca vistos. Lo «sensato y razonable», según el PP, es modificar aquellos aspectos que sirvan para mejorar los efectos de la actual ley.
- «Buen resultado».
«La reforma de 2012 se hizo en un momento de enorme dificultad económica para nuestro país. El año anterior se habían destruido 700.000 empleos. El año 2012 también fue duro para el empleo, porque se destruyeron cerca de 600.000 puestos de trabajo. Cuando la reforma entró en vigor, las cosas empezaron a cambiar y desde entonces se han creado 1,8 millones de empleos», explicó el portavoz parlamentario del PP.
Los populares defienden, por tanto, que esta reforma laboral ha dado buen resultado, pero también admiten que «la situación es ahora distinta», porque ya no estamos con la emergencia de la crisis de 2012.
Por eso, desde el PP y el Gobierno se acepta que, a partir de un «análisis no sectario» de los resultados de la reforma laboral vigente, «pueda complementarse y mejorarse», aunque no derogarse, «porque no tiene sentido volver a la situación de 2011, ni mucho menos a la de 2005, como pretende Podemos».
«Tenemos que seguir avanzando, adaptar aspectos a los nuevos tiempos, mejorar en la relaciones laborales, y nosotros estamos dispuestos a hablar y lograr un marco laboral que, en un momento distinto al de hace cinco años, dé más seguridad a los trabajadores», sostuvo el portavoz parlamentario.
El objetivo del Ejecutivo sería pactar una legislación laboral «que perdure en el tiempo», y que esté apoyada en un amplio acuerdo en el Parlamento.
- Acuerdo con Ciudadanos.
El Gobierno de Rajoy tiene como documento base el acuerdo firmado con Ciudadanos. El partido de Albert Rivera exige cambios en la reforma laboral, pero se opone también a la derogación pretendida por el PSOE, como se ha visto en los debates parlamentarios de este mes de diciembre en el Congreso. No obstante, ha evitado votar con el PP en el momento clave, y ha optado por una abstención, a la espera de que se afronte la negociación.
En el pacto firmado por los portavoces del PP y Ciudadanos el pasado 28 de agosto, antes del primer intento de investidura de Rajoy, que resultó fallida, hay seis de los 150 puntos que se centran en los cambios del mercado laboral, con tres objetivos:reducir el desempleo, sobre todo el de larga duración, acabar con la precariedad, fomentando el empleo estable y de calidad, y potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación eficaces.
- Tres contratos.
El PP y Ciudadanos proponen reducir a tres las modalidades del contrato de trabajo: indefinido, «de protección creciente» y «para la formación» y cualificación profesional del trabajador. El contrato de «protección creciente» tendrá una duración máxima de dos años, ampliable a doce meses más, y una indemnización igualmente creciente (12, 16 y 20 días por año). Los dos partidos también quieren impulsar la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de lo que se conoce como la «mochila austriaca», mantenida a lo largo de su vida laboral.
(Mariano Calleja, ABC)
