«Hemos cumplido la palabra», dijo lleno de satisfacción el diputado general de Gipuzkoa Markel Olano, que compareció a mediodía junto con el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, para informar de que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) había adjudicado la incineradora de Zubieta. Presenta este macroproyecto como «una solución integral a la gestión de los residuos urbanos, una solución moderna, eficiente y diseñada para colocar a Gipuzkoa al nivel, o por encima, de los países más avanzados».
La Asamblea de GHK ha adjudicado la construcción y gestión posterior de la instalación a la UTE liderada por Urbaser. Según sus cifras, costará a las arcas guipuzcoanas 768 millones de euros, a razón de 23,6 anuales durante 32,5 años. Sin embargo, en realidad el montante sería mucho mayor, ya que hay que añadirle el IVA (un 10% más) y tener en cuenta que esta cifra responde a los precios actuales, sin las subidas previsibles. Incluyendo solamente el IVA el coste asciende hasta 843,7 millones de euros, y finalmente podrían superar los 1.000.
Será la UTE liderada por Urbaser y formada también por las guipuzcoanas Altuna y Uria, Moyua y Murias la encargada de la construcción, gestión y explotación de la planta de Zubieta, así como la ingeniería LKS y una empresa francesa llamada Meridiam Investiments. Asensio aseguró que su oferta supone «un ahorro de más de 200 millones de euros sobre el presupuesto inicial».
La agenda de la mañana de la adjudicación estuvo repleta de citas. A las 10.30 comenzó la asamblea de GHK en la Diputación, en la que se decidió dar luz verde al proyecto con el 87% de los votos (del PNV y PSOE); a la misma hora, compareció GuraSOS, «confusa y perpleja» ya que seguían sin noticias de la resolución de su recurso para la paralización cautelar de la adjudicación y veían que este paso se daría sin esperar al juez.
- «Gipuzkoa no puede esperar».
Preguntado por este recurso, y si no era más correcto esperar a la decisión judicial, Asensio respondió tajante: «Gipuzkoa no puede esperar». Añadió que la asamblea se había realizado «con total normalidad» y se preguntó a qué debían esperar si el proceso se ha llevado a cabo «con total transparencia». En la calle no opinaban lo mismo miles de personas llegadas de todo el herrialde, que protestaban y pedían que les atiendan.
«Se escucharán protestas –admitió el diputado general–. Pero yo digo que vamos a construir una de las instalaciones más avanzadas de Europa. La sociedad debe saber que lo haremos bien». En este sentido, destacó que la de ayer fue «la comunicación más importante de toda la legislatura».
La comparecencia se retrasó y antes de que llegaran los mandatarios se dejaron los dossieres del proyecto en la mesa. Los periodistas no dejaron de sorprenderse en ese intervalo. Primero, por el titular: “Complejo Medioambiental de Gipuzkoa”. Llama la atención también poderosamente que no se utilice la palabra «incineración».
EH Bildu votó en contra de la adjudicación en la asamblea y su representante y alcalde de Aduna, Josu Amilibia, enumeró las razones: por la salud, por el medioambiente y por la economía. Subrayó que los pasos que la ciudadanía está dando en el reciclaje dejan sin sentido la incineradora y demandó un acuerdo de país sobre el tema. Elkarrekin Podemos, por su parte, denunció que la planta contraviene la normativa europea e hipotecará a los municipios.
- GuraSOS: «Hoy no termina nada».
Los miembros de GuraSOS Joseba Belaustegi y Joxemari Izeta se mostraron «perplejos y confusos» al no tener aún la respuesta del juez a su recurso. Recibieron la llamada de la procuradora en la misma rueda de prensa y por un momento pareció que podríamos conocer la noticia en directo. Pero, en realidad, la noticia fue que no había noticia.
Uno de los recursos de estas familias preocupadas por la salud de los niños, formalizado ante el Juzgado de Donostia, solicitaba la suspensión cautelar de la adjudicación de las obras de la incineradora debido a la existencia del segundo, admitido ya a trámite en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y pendiente de resolución, sobre la caducidad del permiso ambiental.
Tal y como explicó Belaustegi, la aprobación de la licitación en estas condiciones supone una «huida hacia adelante» por parte de GHK y de la Diputación de Gipuzkoa, enmarcada en una política de «hechos consumados» que convierte a las instituciones en un «fortín alejado de la realidad».
Dijo que no entienden esta «obcecación, desprecio y falta de respeto tanto a los tribunales como a la ciudadanía», pero trasladó un mensaje de esperanza afirmando que aquí «no termina nada. Somos padres y madres, familias que no vamos a cejar en nuestro empeño».
Además de los dos recursos judiciales pendientes, la plataforma planteará una serie de quejas ante la Comisión Europea. Ha iniciado también una ronda de contactos con diferentes partidos políticos, sindicatos y agentes sociales a los que está exponiendo su hoja de ruta con el objetivo de llegar a un acuerdo. Considera que la solución al problema de los residuos solo puede venir por la vía del diálogo.
(Maider Iantzi, Gara)
