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La Fiscalía ordena a los Mossos que persigan los ultrajes al Rey

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito a los Mossos d'Esquadra para que le notifiquen todos y cada uno de los incidentes que se produzcan en Cataluña y que supongan un ataque contra la Corona. Esta petición se produce hace apenas 10 días, después de que los representantes de la CUP realizaran diferentes actos públicos de desafío al Estado en los que se quemaban fotografías del Rey Felipe y ejemplares de la Constitución.

La Fiscalía recordaba en su escrito a los agentes de la Policía autonómica una circular de noviembre de 2015 en la que ya alertaba de que cualquier comportamiento que supusiera un ataque a las Instituciones del Estado debía ser informado en la Audiencia Nacional, instancia competente en estos delitos contra la Corona. Y los Mossos ya han remitido respuesta a la última solicitud de la Fiscalía. En los últimos días, los responsables de la Policía autonómica catalana han enviado a la sede de la Audiencia un primer informe en el que detallan hasta 24 ataques contra la Corona que han detectado en las últimas fechas.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, la mayoría de estos episodios de ataques a la Corona se han producido en Barcelona y en Tarragona.
En este caso, la Policía autonómica actúa a requerimiento de la Audiencia Nacional y se convierte como tal en Policía Judicial.

Tras recibir el listado de «incidentes» que serán estudiados por la Fiscalía, los representantes del Ministerio Público han contestado de nuevo a los Mossos y les han solicitado que les remitan todo el material videográfico y documental sobre cada uno de estos episodios, y todos los datos que permitan identificar a los autores de los ataques.

Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, una vez recopilado todo este material (y el de los futuros episodios que se puedan producir), la Fiscalía abrirá unas diligencias de investigación. Posteriormente, se derivarán a los juzgados de la propia Audiencia para su instrucción.

Hasta la fecha, la respuesta de los Mossos a todos los requerimientos de la Audiencia Nacional se está produciendo sin ningún problema institucional. Eso sí, la presión política de la CUP sobre la Consejería de Interior catalana (de la que dependen los Mossos) sí está en aumento. Le acusan de estar plegándose a las exigencias de las instituciones de un país con el que han decidido romper y que eso no es coherente.

Esta escalada de ataques a la Corona creció tras la detención de representantes de la CUP que se negaron a personarse ante la Audiencia Nacional que fueron citados por participar en la quema de imágenes del Monarca. El juez, tras ordenar su detención y traslado a declarar a la Audiencia Nacional, les dejó en libertad con cargos.

El instructor Fernando Andreu imputó a los cinco jóvenes por un delito de injurias a la Corona después de que en una manifestación convocada por la izquierda independentista en la última Diada, una decena de personas, a cara descubierta, quemaran fotografías de Felipe VI y, en su reverso, una fotocopia de la portada de la Constitución.

Los Mossos d'Esquadra remitieron un atestado a las autoridades judiciales, por lo que el juez Andreu citó a los cinco jóvenes para que comparecieran el pasado 7 de diciembre, aunque les ofreció poder declarar por videoconferencia desde la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, plantaron al juez, ya que, según aseguraron, su objetivo era «desobedecer» al magistrado porque consideraban que no es delito quemar imágenes de una institución que, según sostienen, ha «reprimido a los Países Catalanes».

Ahora, la Fiscalía, requiere de nuevo a los Mossos y les recuerda su instrucción de noviembre de 2015. En aquella fecha, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ordenó a la Policía catalana, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran «delitos contra la forma de Gobierno», en los que se enmarcarían también la sedición o la rebelión.

En una instrucción librada por el fiscal Javier Zaragoza se precisaba que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, por lo que quedarían fuera los diputados autonómicos.

La Audiencia Nacional podría actuar cuando se ejecuten «actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña».

Así, mandó a las distintas fuerzas de seguridad del Estado y a los Mossos d'Esquadra que, en caso de que tengan conocimiento de algún hecho delictivo, elaboren un informe o atestado con los datos de «ejecución, autoría, participación, circunstancias concurrentes» y lo remitan a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional.

Este nuevo movimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para tratar de frenar estos episodios cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado.

(Fernando Lázaro, El Mundo)