El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, número 2 del vicepresidente Oriol Junqueras en el Departamento de Economía y Hacienda, se ha convertido en el primer cargo de ERC imputado en un procedimiento judicial relacionado con los preparativos de el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga si hay indicios de delito en las afirmaciones del ex senador de ERC Santiago Vidal en varias charlas con entidades soberanistas. En concreto Vidal aseguró que «ocultos en los presupuestos hay una partida de 400 millones de euros destinados a la celebración del referéndum y a la construcción de las estructuras de Estado» o que «el Govern dispone de vuestros datos fiscales. No os diré como los hemos conseguido, porque ha sido de manera absolutamente ilegal».
A raíz de estas manifestaciones el juzgado recibió una denuncia del abogado Miguel Durán contra Vidal y una querella de Vox contra Salvadó y el director de Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi i Sunyer, por lo que abrió diligencias por varios delitos como malversación, revelación de secretos, prevaricación, proposición para la sedición o rebelión y contra la paz e independencia del Estado. Pese a que los investigados no han sido citados a declarar por el juez, que espera el informe policial, algunos se han personado en el proceso con sus representantes legales.
El juez pidió a la Guardia Civil que investigase la veracidad de las declaraciones de Vidal por lo que los agentes indagan si forman parte de estos preparativos para el 1-O partidas presupuestarias ocultas en la activación del Govern de dos páginas web, la de garanties.cat y la del Pacte Nacional por el Referéndum; la campaña del registro de catalanes en el exterior o la información sobre el acto de Junts Pel Sí en el Teatre Nacional en el que se presentó la ley del referéndum.
Para realizar esta investigación la Guardia Civil ha reclamado información a la administración catalana y a otros organismos y ha citado a declarar como testigos a altos cargos del Govern, funcionarios y trabajadores de empresas de publicidad por la campaña e informáticas por las webs. Una vez concluya su investigación presentarán un informe al juez que todavía no ha emitido ninguna orden directa más allá de iniciar el proceso judicial a partir de las denuncias, admitir la personación de los investigados, rechazar la autoinculpación de la CUP y prorrogar el secreto de sumario hasta septiembre. La Guardia Civil actúa como policía judicial en este procedimiento recopilando los datos que pudieran estar relacionados con las presuntas partidas camufladas de las que alertó Vidal.
Dentro de la investigación, la Guardia Civil tomó declaración ayer al director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, que tras responder a varias preguntas como testigo fue informado que pasaba a ser investigado policialmente y que si quería seguir con el interrogatorio debía ser acompañado por su abogada. Clotet prefirió no declarar. Este es el segundo cargo del Govern al que la Guardia Civil investiga policialmente después de que el pasado miércoles pasase lo mismo con Joaquim Nin, secretario de Presidencia de la Generalitat, quien fue informado de su imputación tras responder a varias cuestiones de los agentes. Según fuentes de la investigación las preguntas estuvieron relacionadas con la puesta en marcha de las webs que están bajo la lupa policial.
Al Govern no le ha sentado bien estas imputaciones. Tras salir de comisaría Clotet acudió al Parlament donde fue recibido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el consejero de Presidencia, Jordi Turull. Puigdemont publicó en las redes «cuando se investiga el hecho de promover un referéndum acordado, el problema de fondo es la democracia». Tras la imputación de Nin el miércoles Turull anunció que el Govern llevará ante el juzgado de guardia al juez y a la Guardia Civil ya que considera que tienen una actitud «perversa» y vulneran «derechos fundamentales». Varios consellers y Puigdemont también polemizaron sobre el anuncio del juez de que no había ordenado directamente los interrogatorios pese a que tiene abierta la causa contra un cargo del Govern.
(Germán González, El Mundo)
