Lakua envía hoy una delegación a Madrid para el acto del Día de las Víctimas del Terrorismo, pero ayer ignoró el acuerdo del Parlamento Vasco de conmemorar el Día de las Víctimas de la Tortura. Cosas del suelo ético de arenas movedizas
El 11 de marzo de 2010, en el sexto aniversario de los atentados yihadistas en Madrid, el Congreso decidió declarar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo porque, según explicó su entonces presidente, José Bono, «ese día del año 1960 ETA cometió su primer asesinato. La víctima fue la niña Begoña Urroz, de 22 meses». En la intrahistoria de esta decisión hay una carta de Carlos Salvador, de UPN, al presidente de la Cámara baja, en la que recordaba aquella explosión en la estación de trenes de Donostia y aseguraba que «ninguna organización terrorista reivindicó la autoría. Pero hoy ¡50 años después! no parece que haya dudas de que su asesinato fue el primero de una macabra y larga lista de asesinatos de la banda terrorista ETA». Desde hace años se sabe que esta afirmación es falsa y que la autoría de aquella bomba fue del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), como el historiador Iñaki Egaña ha venido reiterando en las páginas de este diario. Tenemos una fecha basada en una mentira que se conmemorará este sábado en las Cortes. Y no es que Begoña Urroz no merezca un homenaje como toda víctima, pero lo cierto es que si su muerte no hubiera podido ser agitada contra ETA, la fecha para este día hubiera sido la del 11M, como inicialmente había previsto el propio José Bono.
El 20 de junio de 2019 el Parlamento de Gasteiz, a iniciativa de Pili Zabala, instó «a las instituciones vascas y, en particular, al Gobierno Vasco a sumarse a la iniciativa de Naciones Unidas de conmemorar, cada 26 de junio, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El objetivo es el reconocimiento de estas víctimas ante la sociedad por la injusticia que supone esta grave vulneración de derechos humanos». La decisión se tomó por unanimidad, pero también oculta otra perversa falacia, la de haber estado negando la existencia misma de la realidad de la tortura durante tantos años.
Luego se le sumaría otra. Nada más acabar el pleno el secretario general de Derechos Humanos, Jonan Fernández, anunció que en 2020 el Gobierno de Lakua convocaría un acto de reconocimiento a las víctimas de la tortura, desde el consenso con los grupos. El 26 de junio el Ejecutivo autonómico no ha hecho nada, pero este sábado enviará una delegación al Congreso para las víctimas del terrorismo. Para unos no, para otros sí. Cosas del suelo ético de arenas movedizas. Ese que lleva a gobernar con un partido cuyo líder se cree que montó los GAL y tomar los versos sueltos como asidero, mientras a otros se les reprocha no compartir principios. No es una cuestión de ética, nadie se equivoque, sino de proyecto político.
(Gara)