La PNL presentada exige solo dos requisitos: acreditar la identidad y haber entrado en España antes de iniciarse el estado de alarma
El grupo confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común, junto a Esquerra Republicana, Más País, Compromís, EH-Bildu, JxCat y BNG han registrado una PNL en el Congreso de los Diputados en la que solicitan la regularización de todos los extranjeros que acrediten residir en España, la concesión del permiso de trabajo y la asignación automática de un número de la Seguridad Social.
Los dos únicos requisitos establecidos son acreditar la identidad, de acuerdo a los términos que establece la ley de Extranjería, y probar que se reside en el país al menos desde el 14 de marzo de 2020, fecha en la que se decretó el estado de alarma por la pandemia.
Esta regularización tendrá carácter permanente, según la propuesta, que también pide que se concedan las regularizaciones que se hubieran solicitado y estuvieran en tramitación, y que irán acompañadas de un permiso de trabajo aunque no hubiese sido solicitado, para todos los mayores de 16 años.
En la exposición de motivos de la iniciativa, los grupos, en atención a los informes realizados por las organizaciones no gubernamentales que trabajan con este sector de la población –a través de sus coordinaras, Obrim Fronteres y Regularización Ya!– y también del informe realizado por el relator de Naciones Unidas Phillip Alston sobre la pobreza en España, subrayan que la pandemia de la Covid 19 ha puesto “en evidencia que es la población migrante y particularmente las personas en situación administrativa irregular, quienes padecen en mayor medida los efectos de las políticas de ajustes en los ámbitos sanitario, social, laboral y económico”.
Los grupos consideran que la política migratoria de España y también la de la Unión Europea ha consagrado un sistema que multiplica la vulnerabilidad de esta población, conducida a una situación de “desprotección, negación y vulneración de derechos”, en la medida que se “restringe y condiciona la posibilidad de vida de una vida y trabajo dignos”. A la vez, entienden que cuando reciben los correspondientes permisos, “están expuestos a mayores índices de desempleo e inestabilidad laboral, como también a una brecha salarial”, debido a los sectores en los que realizan su actividad.
Los firmantes consideran que la iniciativa de reconstrucción “exige no dejar a nadie fuera, especialmente, no dejar fuera a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión”, por lo que instan al Gobierno central pero también a las comunidades autónomas y ayuntamientos a tomar medidas “integrales e inclusivas” para amparar la protección de los derechos humanos de “todas las personas bajo su jurisdicción”.
(Pedro Vallín, La Vanguardia)
